Reivindicando la planificación urbana

by Invitado on 8 junio, 2015 · 0 comments

in ciudad, Espacio Público, Gestión Urbana, Habitabilidad, INVU, San José - Costa Rica

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Por Arq. Roy Allan Jiménez Céspedes*

La Ley de Planificación Urbana de 1968, fue en su momento, la segunda ley asociada a la temática urbanística que fue aprobada en América Latina. Sin duda alguna, en esos días, este hecho vislumbraba un feliz horizonte en relación a la disciplina del urbanismo. Sin embargo, los fuertes cimientos construidos por la ley, han sido opacados por la permisiva aplicación e indiferencia ante sus postulados.

Esta Ley, plantea la necesidad de la planificación local como instrumento de control y gestión urbanística, introduce la figura de los planes reguladores municipales y los diferentes reglamentos que los deben comprender. Al mismo tiempo, y como una manera de paliar la ausencia de normativa ante la ausencia de planes reguladores, el transitorio II de la misma ley otorga al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la competencia residual de generar la normativa urbanística en los territorios sin regulaciones locales: “El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a que se refiere el artículo 21 de esta Ley. Podrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales con ajuste a esta ley”. (Ley 5900 1976). Esta competencia ha sido reiterada en el fallo 4205 de 1996, de la Sala Constitucional.

Aunque el mencionado artículo 21 establece la necesidad de tres reglamentos, desde 1983 únicamente se cuenta con dos reglamentos vigentes, El Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones; y el Reglamentos de Construcciones. Estos reglamentos al ser normativa INVU rigen para todo el país, exceptuando a los cantones que cuenten con sus propios reglamentos, los cuales son muy pocos. El Reglamento de Renovación Urbana nunca fue elaborado por el INVU.

La lógica de estas normas se puede comprender mejor, si la comparamos con un banco de tres patas, en que cada pata tiene un alcance específico en los procesos de construcción de ciudad. De esta manera el Reglamento de Construcciones se aboca a normar lo relativo al diseño y construcción de los objetos edilicios, el reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones se encarga de definir los procesos para la transformación del suelo (transformación de suelos en verde a suelo urbano) y el Reglamento de Renovación Urbana para incidir en las áreas ya urbanizadas, reconociendo que la ciudad es dinámica y necesita de procesos de regeneración y reconfiguración.

Así pues, desde 1983 el urbanismo de este país está apoyado en un tambaleante banco de solo dos patas, con herramientas para la construcción de edificios y la habilitación de suelo en verde, únicamente.

Ante esta realidad y la evidente necesidad de actualizar normativa urbanística que responde a un contexto diametralmente diferente al actual, (más de 30 años de diferencia) la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU se da a la tarea de redefinir estos reglamentos y generar por primera vez un Reglamento de Renovación Urbana. Para esto, inicia un trabajo desde junio del 2014 que incluyó la instauración de comisiones temáticas interinstitucionales y un arduo proceso de retroalimentación.

En enero del 2015, la Junta Directiva del INVU saca a consulta pública el Reglamento de Renovación Urbana; y posteriormente el mismo es enviado al MEIC para su revisión final. Seguidamente en el mes de mayo, es puesto para consulta pública el segundo producto, el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Acá empieza la ya conocida URBE TELENOVELA.

La propuesta de Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, básicamente pretende dar a los municipios, mayores criterios técnicos y herramientas para la identificación del suelo urbano, el suelo de expansión, el suelo agrícola y el suelo de protección. Aspecto que a todas luces es básico pero que el actual reglamento deja a la libre. Por otro lado contiene disposiciones reglamentarias para el diseño de fraccionamientos y urbanizaciones y otros procesos de transformación del suelo.

Ante la presión directa, ejercida por un pequeño pero poderoso grupo que considera lesionados sus intereses con la propuesta del reglamento, Casa Presidencial ordena sacar de consulta el reglamento de fraccionamientos y al mismo tiempo, el Reglamento de Renovación Urbana, el cual no ha sido objeto de ninguna crítica u objeción en toda esta discusión mediática.

Básicamente, las críticas a la propuesta de Fraccionamientos y Urbanizaciones expuestas por los detractores, se centran en argumentos como que el reglamento hace públicas las áreas comunes de los condominios, o que el reglamento hace públicas las calles de los condóminos y al mismo tiempo elimina las tapias perimetrales. Por supuesto que en manos de una prensa poco crítica, esas afirmaciones causan revuelo y alarma, pero cabe la pena destacar vehementemente que estas afirmaciones no son precisas ni apegadas a la verdad.

Este humilde ciudadano, considera que el foco de la molestia de este pequeño sector, el cual es el mismo que se opuso vehementemente al proyecto PRUGAM y también en su momento apoyó los fallidos intentos de ampliación del anillo de contención, se centra en las cesiones de áreas públicas solicitadas por el reglamento, específicamente a los desarrollos urbanísticos horizontales que se someten al régimen de propiedad condominal. Es en este punto donde se reivindica el urbanismo.

La premisa técnico jurídica por la cual se solicita que los condominios horizontales, cedan parte de su área extramuros para el uso común, (áreas recreativas o continuidades viales) se basa en el requerimiento claro y conciso presente en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana: “Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que cederá por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área total a fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento”.

Ante la afirmación de que al ser condominios, los mismos no son ni urbanizaciones ni fraccionamientos y por lo tanto este artículo no es aplicable, la misma Procuraduría General de la República se ha pronunciado haciendo ver que el condominio es un régimen de propiedad jurídico y no una forma de construcción o transformación del suelo: “La propiedad en condominio no alude a un tipo de uso del terreno en particular. Es común que se denomine a los edificios de apartamentos como condominios. Y lo cierto es que ese tipo de edificación suele estar sometida a ese régimen jurídico de propiedad, pero puede no estarlo cuando, por ejemplo, pertenece a un solo propietario. De allí que es un error identificar una cosa con la otra. El concepto de condominio hace referencia a un régimen jurídico de propiedad a que pueden ser sometidos los bienes inmuebles, no a un uso de dichos bienes (vivienda por ejemplo) o a un tipo de construcción (un edificio de apartamentos, por ejemplo). (C-290-2006).

En razón de lo dicho, la pretensión de sujetar un conjunto de lotes, que pueden ser el resultado de segregación, al régimen jurídico del condominio no implica por sí mismo un determinado uso del suelo. Con lo cual, la simple sujeción a este tipo de régimen no es suficiente para determinar si el uso que se le daría a los terrenos es o no conforme con la zonificación. (C- 313-2005).

Dicho esto, en su manifestación física, las obras a ser incorporadas al régimen de propiedad en condominio, deben regirse por las leyes respectivas, en ese sentido, un edificio de apartamentos debe acatar lo que dispone la Ley de Construcciones, un edificio de comercios debe seguir la misma normativa, tal y como la misma Ley de Condominios menciona en su artículo 35, inciso d (7933):

d) Todas las edificaciones, ya sean de desarrollo horizontal o vertical, deberán construirse según las normas que exijan las leyes respectivas.

Y si hablamos de procesos de urbanización o fraccionamiento, el artículo 40 de la ley de Planificación urbana, se ve reivindicado luego de su largo sueño.

Las cargas urbanísticas se solicitan como una retribución a la sociedad a cambio de la posibilidad de transformar el suelo en urbano. Están en la ley y no son antojadizas, si continuamos expandiéndonos de una manera descontrolada, llegaremos muy pronto al colapso.

¿Dónde queda el reglamento a la Ley de Condominio? Este es un tema que debe ponerse en el tapete, debido a que el reglamento a una ley no puede normar un tema o asunto que expresamente no está mencionado en la ley que intenta normar, y cabe resaltar que la mencionada Ley de Condominios no contiene ningún artículo asociado a construcción o urbanización, a excepción del ya citado artículo 35, el cual remite a las leyes respectivas.

Esta de más ahondar y mencionar las consecuencias que el crecimiento predio a predio y el efecto burbuja, provocan en las ciudades, así como también está demás mencionar que no se pretende bajo ninguna circunstancia, satanizar o culpar a los desarrollos horizontales en condominio por el desorden urbano existente. Sin embargo, lo que si se pretende, es resaltar la necesidad de construir tejido urbano, velar por las continuidades viales, el espacio público y las áreas verdes y recreativas, aspectos que claramente son de interés común desde el ejercicio de la ciencia y la técnica urbanística.

Llegados a este punto, es necesario recalcar que como sociedad, no podemos darnos el lujo de renunciar a la generación de espacios públicos, son un derecho, un deber y una obligación (dependiendo desde que punto de vista nos encontremos) que nos define como sociedad, como individuos pertenecientes a un colectivo y a un sistema solidario, que no tiene como objetivo ulterior que vivamos segregados ni separados, sino más bien con las menores disparidades posibles y en entornos saludables y ecológicamente equilibrados.

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*Arquitecto de la Universidad de Costa Rica, ha participado en diferentes foros y programas de formación en nuevos instrumentos de gestión del suelo urbano en países como Brasil, El Salvador, Colombia, Japón y China.

Coordinador del proceso de construcción de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, aprobada por decreto del poder ejecutivo Nº 37623- PLAN-MINAET-MIVAH y publicado en la gaceta Nº 89 del 10 de mayo del 2013.

Fundador de la plataforma URBE@21, un espacio para la discusión y difusión de información relacionada con la actualidad urbana en el país y lo último del urbanismo a nivel internacional.

allan.delalto@gmail.com

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