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Escazu La Ciudad Paralela

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La Gran Área Metropolitana (GAM) de San José, y en particular sus zonas periurbanas, ha pasado por un proceso acelerado de crecimiento de su mancha urbana en las últimas tres décadas. Dicho crecimiento se da en momentos en que el rol planificador del Estado es minimizado, por lo que el desarrollo de nuevos sectores urbanos queda principalmente en manos de la inversión privada ligada a un creciente mercado inmobiliario. A partir de la década de los ochentas, ante la falta de una planificación urbana efectiva por parte de entidades estatales y ante la heterogeneidad de los nuevos proyectos privados, surgen patrones de ocupación del suelo por medio de los cuales en sectores previamente agrícolas se construyen formas arquitectónicas de gran escala, previamente desconocidas o poco comunes en el contexto costarricense.

Antes de explicar los procesos recientes de desarrollo de sectores periurbanos de la GAM, es necesario establecer algunas consideraciones. Por un lado, se parte de que el ordenamiento territorial tiene tres componentes básicos: Estado, sociedad y territorio (Arrieta Chavarría: 2010) y que el mercado es un producto social que en mayor o menor medida es regulado por el Estado, según sea el caso. Por otra parte, se asume la planificación urbana como una práctica producto del modernismo (De Boeck: 2002), que buscaba centralizar el control de aspectos territoriales en una autoridad, generalmente estatal. Ante esto, Dierwechter y Thornley (2012) afirman que “la planificación urbana requiere de legitimación social y política, que solo gana al ser acuerpada por leyes y regulaciones aceptadas.” Los mismos autores afirman que los alcances de la planificación en gran medida dependen de la ideología predominante, y en qué medida asume esta, que el Estado debe intervenir en los procesos del mercado.

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La Ciudad Paralela - Plan Regulador - Manuel Morales

Por Manuel Morales Alpízar*

Los objetivos de cualquier regulación o plan no pueden definirse sin entender la ciudad y el territorio como parte de un mundo social en construcción. Y esto, indefectiblemente, alude a la importancia de la participación. El reclamo de ciudades conscientes de sus patrones de consumo y sus impactos, habitadas por individuos y comunidades vinculadas de manera más dinámica con las estructuras de su entorno, requiere de su participación en procesos críticos y creativos (más que consultivos o de recolección de avales). Parafraseando a Heidegger, no es igual habitar para construir, que construir para habitar.

Esto implica comprender que la participación social en la construcción del medio físico (y el hábitat) no es lo mismo que la participación en los procesos de planificación; no se pueden entender igual, porque su significado -casi- nunca es el mismo. La participación en la planificación que se formula y ejerce desde el mismo seno del sistema suele conllevar el sesgo de políticas que al ser impulsadas desde el mercado terminan con frecuencia coaccionando decisiones técnicas, legales y de gobernanza urbana. O si son, por el contrario, impulsadas desde la ideología y la burocracia, tienden a caer con demasiada facilidad en demagogia, o en la maraña de una opinión pública -y publicada- que se nutre del abono fácil de la paranoia. Se trata, en todo caso, de un flujo débil u omiso de información a la ciudadanía, mal endémico de pirámides de poder anquilosadas que se niegan a ceder sus cuotas y a abrir verdaderos espacios de empoderamiento ciudadano. El ‘empoderamiento’ es cliché y lugar común en casi todos los discursos, pero lo cierto es que ese concepto les sigue dando terror a los políticos.

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la ciudad paralalela planificacion urbana san jose costa rica invu

Por Arq. Roy Allan Jiménez Céspedes*

La Ley de Planificación Urbana de 1968, fue en su momento, la segunda ley asociada a la temática urbanística que fue aprobada en América Latina. Sin duda alguna, en esos días, este hecho vislumbraba un feliz horizonte en relación a la disciplina del urbanismo. Sin embargo, los fuertes cimientos construidos por la ley, han sido opacados por la permisiva aplicación e indiferencia ante sus postulados.

Esta Ley, plantea la necesidad de la planificación local como instrumento de control y gestión urbanística, introduce la figura de los planes reguladores municipales y los diferentes reglamentos que los deben comprender. Al mismo tiempo, y como una manera de paliar la ausencia de normativa ante la ausencia de planes reguladores, el transitorio II de la misma ley otorga al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la competencia residual de generar la normativa urbanística en los territorios sin regulaciones locales: “El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a que se refiere el artículo 21 de esta Ley. Podrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales con ajuste a esta ley”. (Ley 5900 1976). Esta competencia ha sido reiterada en el fallo 4205 de 1996, de la Sala Constitucional.

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